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Cuando una empresa decide iniciar o ampliar una actividad económica que pueda generar ruidos, emisiones, residuos o cualquier otra afección sobre el entorno, la normativa medioambiental exige que, antes de abrir las puertas, se hayan obtenido las autorizaciones o comunicaciones administrativas correspondientes. Este requisito no es una formalidad menor: es la condición legal que habilita