Las relaciones con la Administración Pública tienen una lógica propia: plazos preclusivos, silencio administrativo con efectos variables según el procedimiento, actos que adquieren firmeza si no se impugnan en tiempo y forma, y vías de recurso que no siempre son intercambiables. Cuando un particular o una empresa recibe una sanción, una resolución desfavorable, una oferta expropiatoria que no refleja el valor real del bien o sufre un daño imputable a la actuación de la Administración, la eficacia de la defensa depende en gran medida de actuar dentro del cauce correcto y en el plazo adecuado.

Asesoramos a particulares y empresas en el conjunto de sus relaciones con el sector público: desde la impugnación de sanciones hasta la reclamación de responsabilidad patrimonial, pasando por la defensa frente a expropiaciones y la representación en vía contencioso-administrativa.

• Responsabilidad patrimonial: Reclamaciones frente a la Administración por daños causados por el funcionamiento de sus servicios: evaluación del perjuicio, tramitación del procedimiento y, si procede, impugnación de la resolución en vía judicial.
• Expropiación forzosa: Análisis del justiprecio ofrecido, impugnación ante el Jurado Provincial de Expropiación o la jurisdicción contencioso-administrativa, y negociación para maximizar la compensación.
• Sanciones administrativas: Alegaciones en el procedimiento sancionador, recursos de alzada y reposición, y defensa contencioso-administrativa frente a sanciones en materia urbanística, medioambiental, sectorial o tributaria.
• Procedimientos administrativos: Representación y acompañamiento en procedimientos frente a la Administración: autorizaciones, concesiones, revocaciones, silencio administrativo e impugnación de actos desfavorables.
• Contencioso-administrativo: Dirección letrada en todas las instancias judiciales, con foco en la eficacia procesal y la anticipación de los plazos de prescripción y caducidad.

El derecho administrativo tiene una asimetría estructural que conviene tener presente: la Administración actúa con presunción de legalidad y sus actos son ejecutivos desde que se dictan. Quien recibe una resolución desfavorable no puede sencillamente esperar: debe actuar dentro de los plazos legalmente previstos o el acto deviene firme. En materia de responsabilidad patrimonial, el plazo de un año desde que se produce el daño o se manifiestan sus efectos permanentes no admite excepción. En el procedimiento expropiatorio, no impugnar el acuerdo de necesidad de ocupación cierra la vía para cuestionar la legitimidad de la expropiación, aunque el justiprecio pueda discutirse después. Conocer el procedimiento con precisión no es un valor añadido: es lo que permite actuar antes de que las opciones se agoten.

Si ha recibido una resolución de la Administración que considera injusta, ha sufrido un daño imputable a un organismo público o se enfrenta a un procedimiento expropiatorio, podemos revisar su situación y ayudarle a determinar qué vías tiene disponibles y en qué plazo debe actuar.